Gobierno Morelos

Ley de construcción del Estado de Morelos

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Ante el manifiesto del Frente Común de Profesionistas de la Construcción (FCC), con respecto a la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Construcción del Estado de Morelos, así como reformas y adiciones a otras relacionadas en la materia, el Gobierno de Morelos puntualiza lo siguiente:

En principio, debe precisarse, a fin de evitar confusión con relación a la finalidad primordial de la iniciativa de mérito, que la misma tiene como objeto sentar las bases mínimas sobre las cuales los municipios habrán de desarrollar sus propios reglamentos en la materia, a fin de que a través de la Ley de mérito se dote de uniformidad a las regulaciones sobre construcciones en el Estado, siempre con pleno respeto a la autonomía municipal.

Ello en razón de que la iniciativa responde a criterios del máximo tribunal del país al pronunciarse sobre la legislación estatal y sus límites frente a la autonomía municipal, determinando que los municipios tendrán que respetar el contenido de las bases generales al dictar sus reglamentos, pues lo establecido en ellas les resulta plenamente obligatorio por prever un marco que da uniformidad a los municipios de un Estado en aspectos fundamentales, el cual debe entenderse como el caudal normativo indispensable que asegure el funcionamiento del Municipio; además de que se delimita la actuación de cada nivel, siendo que al Estado compete sentar las bases generales, a fin de que exista similitud en los aspectos fundamentales en todos sus municipios, y a éstos corresponde dictar sus normas específicas, dentro de su jurisdicción, sin contradecir esas bases generales.

Así, la iniciativa proyecta el establecimiento de bases para regular todo tipo de construcciones que se realicen en el estado de Morelos, dando cumplimiento parcial e incluso a lo ordenado por el Artículo Tercero Transitorio de la Ley General de Asentamientos Humanos.

La necesidad de un marco legal de actuación se deriva del hecho de que en la actualidad un número considerable de municipios no cuentan con reglamentos en materia de construcción, por lo que las actuaciones que realizan en esta materia, podrían verse combatidas y en riesgo de encontrarse afectadas de nulidad o de discrecionalidad, bajo el principio de legalidad.

En ese sentido, se busca dotar de la uniformidad necesaria en aspectos básicos que deben ser común denominador tal como la figura del Director Responsable de Obra (DRO), toda vez que éste serán quien realice la supervisión constante de la construcción, desde la fase de diseño, pasando por las de construcción, operación y mantenimiento, hasta su puesta en operación, lo que aplicará tanto en obra nueva como en la demolición, en su caso, o en una edificación existente; dado que actualmente, los municipios que cuentan con normativa en materia de construcción, no todos prevén al DRO.

Así también, el desastre natural generado con motivo del sismo del 19 de septiembre de 2017, puso en evidencia la necesidad de contar con controles más eficientes sobre las construcciones y, por ende, fue otro aliciente para plantear la Iniciativa, como un medio más para seguir sumando esfuerzos para hacer frente al detrimento material que han sufrido las familias morelenses con motivo del citado fenómeno natural, pero sin tolerar condiciones o regulaciones que permitan volver a sufrir la problemática de riesgo en la construcción que, a futuro, nos lleven a un escenario similar al que hoy se enfrenta.

La iniciativa que nos ocupa tiene por objeto regular todo tipo de construcciones que se realicen en el estado de Morelos, a fin de brindar certeza, sin sacrificar la agilidad necesaria para llevar a buen término las acciones de reconstrucción que se generen en beneficio de la sociedad morelense.

En ese sentido, debe puntualizarse que la propuesta de Ley no ha tenido como punto medular generar un tratamiento diferenciado entre las obras públicas y las privadas, pues ese tratamiento diferenciado ya de hecho existe porque las primeras se regulan por su propia y especial Ley, misma que contiene aspectos de control particulares y distintos.

Así, la regulación que en la Iniciativa se propone para las obras públicas atiende a que tanto el Gobierno del Estado como los de los Municipios requieren contar con las facilidades necesarias para poder realizar las obras públicas demandadas por la colectividad, de manera ágil y sin mayores obstáculos que no responden al apremio de las necesidades sociales, al contrario, únicamente retrasan la ejecución de las mismas, traduciéndose en el descontento social y pérdida de recursos gubernamentales.

Incluso, la citada Ley en materia de obra pública, ya dispone en su artículo 22, segundo párrafo, que las Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos, cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos, deberán tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derecho de vía, expropiación de inmuebles, derechos de bancos materiales y demás autorizaciones que se requieran. Las autoridades competentes deberán otorgar las facilidades necesarias para la ejecución de las obras públicas y servicios relacionados con la misma; por lo que en general, con la iniciativa de mérito, únicamente se aclaran o detallan más los preceptos legales ya existentes.

Al respecto, en términos del artículo 54 de la mencionada Ley de obra pública la función de vigilar la correcta ejecución de este tipo de obras es tarea específica de los supervisores de obra –ingenieros y arquitectos- adscritos a la Secretaría de Obras Públicas del Poder Ejecutivo Estatal; sin perjuicio de que conforme al artículo 67 del mismo ordenamiento, cuando la obra pública se realice por contrato, haya responsabilidad del contratista respecto de la ejecución de los trabajos y el compromiso de sujetarse a todos los ordenamientos en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y medio ambiente, que rijan en el ámbito federal, estatal y municipal.

Es importante también puntualizar que de ninguna manera se pretende invalidar la atribución de constitucional de los municipios de expedir licencias de construcción, lo que puede corroborarse en la propia definición que en la Iniciativa se hace sobre las mismas, en donde se reitera que son documentos expedidos por la autoridad municipal.

Además, la constitucionalidad de que existan leyes estatales en materia de construcción se sustenta por una parte en los criterios del Poder Judicial de la Federación en el sentido de que es válido que las leyes estatales prevean bases mínimas a las cuales se ajusten los Municipios y, por otra, en el hecho de que los estados Baja California (1994), Veracruz (2010) y Tlaxcala (2011), cuenten con leyes en esta materia, mismas que rigen aspectos comunes para los municipios de esas Entidades.

Por el contrario, si se llevara adelante la propuesta que refiere el comunicado, en el sentido de emitir un Reglamento Estatal de Construcción, ello sí generaría una invasión competencial por parte del Poder Ejecutivo a las atribuciones reglamentarias de los Municipios y su autonomía; toda vez que los tribunales federales han sostenido por jurisprudencia que la facultad reglamentaria municipal debe encontrar una armonía natural con las disposiciones legales estatales y federales.

En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado mediante sus criterios de autoridad señalando que las “leyes estatales en materia municipal” deben orientarse a las cuestiones generales sustantivas y adjetivas que den un marco normativo homogéneo a los municipios de un Estado, sin intervenir en las cuestiones específicas de cada uno de ellos; lo que se traduce en que la facultad reglamentaria municipal abarque exclusivamente los aspectos fundamentales para su desarrollo, en virtud de que queda reservado a “las leyes estatales en materia municipal”, la regulación, entre otros, de los aspectos de las funciones y los servicios públicos municipales que requieren uniformidad, para efectos de la posible convivencia y orden entre los municipios de un mismo Estado.

Sin embargo, lo anterior no quita que la esencia de los trabajos realizados por las agrupaciones de profesionistas con la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria haya sido retomada en la Iniciativa y considerados los principales aspectos que han venido siendo propuestos y se insisten en el comunicado, como se ha dicho y es el caso de crear desde el rango de Ley la figura del Director Responsable de Obra (DRO); prever un comité evaluador de los DRO, que en la Iniciativa se denomina Comisiones de Admisión de DRO y Corresponsables que funcionará en cada Municipio, previéndose la posibilidad de participación de los Colegios en ellas y también existe armonía con respecto a la Ley de Protección Civil en lo que toca a la posibilidad de que se emitan normas técnicas complementarias.

Lo anterior, reitera el compromiso de este Gobierno de trabajar de manera coordinada en distintos proyectos con los Colegios de Ingenieros y Arquitectos del estado de Morelos, respetando siempre su figura jurídica y su trascendental labor; siendo importante agregar que en la construcción de la iniciativa hubo participación también de investigadores del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias.

Finalmente, muestra de que ha existido el compromiso del Poder Ejecutivo de consensuar los trabajos técnicos a que haya lugar, así como de generar mayor debate, análisis y diálogo sobre la iniciativa, es el hecho de que no se tuvo inconveniente alguno en aceptar la propuesta de la respectiva Comisión de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos del Congreso del Estado para que no se diera más el carácter preferente con que se había presentado.